Este miércoles 21 de enero, las autoridades confirmaron que la cifra de víctimas mortales por la tragedia ferroviaria ocurrida en Adamuz, Córdoba, ascendió a 43 personas, tras el hallazgo de un nuevo cuerpo entre los restos del tren Alvia.
El accidente, registrado el pasado domingo, mantiene a nueve personas en unidades de cuidados intensivos. La Guardia Civil informó además que aún hay dos personas desaparecidas, cuyos cuerpos podrían encontrarse entre los restos que no han sido retirados del área del impacto.
Las primeras reconstrucciones apuntan a una carambola fatal. Un tren de la compañía Iryo, que cubría la ruta Málaga–Madrid con 317 pasajeros, sufrió el descarrilamiento de sus tres últimos vagones, los cuales invadieron la vía contraria. En ese momento, un tren Alvia de Renfe, que viajaba de Madrid a Huelva, colisionó contra la estructura invadida, provocando el devastador siniestro.
Sindicato de maquinistas anuncia huelga
Tras los hechos, el sindicato de maquinistas Semaf anunció su intención de convocar una huelga general en el sector ferroviario, prevista entre el 9 y el 11 de febrero, aunque aún se encuentran ultimando los aspectos legales y administrativos de la convocatoria.
Por su parte, el sindicato UGT señaló que estudia sumarse al paro, aunque advirtió que una huelga de esta magnitud “no puede adoptarse a la ligera ni de un día para otro” y debe realizarse con todas las garantías legales. No obstante, UGT coincidió en que la prioridad absoluta es garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios, especialmente tras dos accidentes graves ocurridos en menos de 48 horas.
En un comunicado, Semaf expresó que el colectivo de maquinistas se encuentra “devastado” por los recientes siniestros y calificó de “inadmisible” el “deterioro constante del ferrocarril”. El sindicato exigió la implementación urgente de medidas que garanticen la integridad de profesionales y pasajeros, alertando que la situación actual pone en riesgo la fiabilidad de la red ferroviaria.
Finalmente, Semaf explicó que el objetivo de la huelga es “dar legalidad y amparo a las movilizaciones de las personas trabajadoras y usuarias”, y anunció que reclamará responsabilidades penales a quienes estén encargados de velar por la seguridad de la infraestructura ferroviaria, endureciendo su postura tras los últimos acontecimientos.