Un conglomerado del sector alimentario obtuvo la calificación inicial para ampliar sus actividades productivas, como parte de la normativa que ofrece estímulos impositivos a firmas nacionales y extranjeras con trayectoria comprobada en el país
Operarias de Planta de Productos Alimenticios DIANA trabajan en la línea de producción de snacks, reflejando el compromiso de la empresa reconocida por USAID y COEXPORT en 2024 por su excelencia comercial. (Embajada de Estados Unidos en El Salvador (www.sv.usembassy.gov))
El primer proyecto aprobado bajo la nueva Ley de Fomento de la Expansión de Inversiones en El Salvador corresponde a Productos Alimenticios Diana, que recibió la precalificación oficial para ampliar sus operaciones. De acuerdo con Rodrigo Ayala, presidente de la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones (Invest), este acuerdo implica una inversión de USD 34 millones y la creación de 200 empleos nuevos dentro de un entorno legal diseñado para atraer capital y fortalecer la economía a través de incentivos tributarios.
La legislación, vigente desde el 24 de enero de 2026, establece un sistema escalonado de créditos fiscales para empresas que inviertan desde USD 1 millón en adelante.
El rango de incentivos depende de la magnitud de la expansión: inversiones entre USD 1 millón y USD 10 millones acceden a un crédito fiscal del 10 % sobre el monto invertido; entre USD 10 millones y USD 20 millones, el crédito es del 20 %; y proyectos mayores a USD 20 millones pueden recibir hasta el 30 % en créditos contra el Impuesto sobre la Renta invertido.
Antes de la entrada en vigor de este marco legal, Ayala explicó ante la Asamblea Legislativa que al menos 114 empresas en el país planeaban presentar propuestas de expansión para aplicar a los créditos tributarios. El proceso exige que las empresas presenten un plan detallado y acrediten una inversión plurianual dirigida a generar crecimiento económico sostenible.
El presidente de Invest afirmó: “Las expansiones ya comenzaron”, lo que marca el inicio de una etapa de implementación práctica de la ley y un nuevo impulso a la agenda de crecimiento e inversión en El Salvador.
Sectores beneficiados por la ley
La normativa, aprobada el 14 de enero de 2026, establece que las empresas deben acreditar al menos 10 años de operación comprobable en El Salvador, ya sean personas jurídicas o naturales, nacionales o extranjeras. Los sectores contemplados incluyen: textil y confección, agroindustria, alimentos y bebidas, autopartes, electrónica, plásticos, calzado, farmacéutica, productos para la construcción, papel y sus derivados.
La diputada Dania González afirmó durante la sesión en la que se aprobó la normativa que responde a “una etapa clave de transformación económica”, y remarcó que el país ha priorizado la creación de “marcos normativos innovadores y competitivos que brindan seguridad jurídica y confianza”.
González precisó que la ley beneficiará a unas 3,000 empresas que cumplan los requisitos y favorecerá la atracción de capital y el incremento del empleo. Según su exposición: “Muchas empresas deciden poner sus capitales en países que ofrecen competitividad jurídica… como en nuestro país, que nos hemos convertido en el más seguro del hemisferio occidental”.
El beneficio fiscal no se limita a los créditos contra impuestos. Las empresas que adquieran inmuebles destinados a su expansión quedarían exentas del Impuesto sobre Transferencia de Bienes Raíces, siempre que los mantengan en actividad productiva durante al menos 5 años.
Para calificar, los inversionistas deben presentar un perfil ante el Ministerio de Economía, acreditar cumplimiento de obligaciones tributarias y aduaneras y gestionar el pertinente Acuerdo de Calificación.
Los diputados durante una reciente sesión legislativa en el Salón Azul del Congreso. (Foto: Asamblea Legislativa)
La ley establece como actividades válidas la apertura de nuevas líneas de producción, adquisición de maquinaria, desarrollo de infraestructura logística e industrial, investigación y desarrollo tecnológico y aumento de la capacidad productiva. Se excluye cualquier expansión basada en sustitución de activos o reducción de operaciones vigentes.
Fiscalización estatal y mecanismos de control
El Ministerio de Economía, a través de la Dirección de Inversiones, y el Ministerio de Hacienda, mediante la Dirección General de Impuestos Internos, son responsables de la fiscalización del cumplimiento de la normativa. Estas entidades ejecutarán inspecciones y controles periódicos para verificar el uso adecuado de los incentivos, observando las exigencias técnicas, medioambientales, tributarias y laborales.
Durante la discusión legislativa, Rodrigo Ayala contextualizó la propuesta: “Estamos de cerca con las empresas, con los inversores y con las personas interesadas y nos damos a la tarea de escuchar. En el trabajo diario, nos decían que existen incentivos para diferentes industrias, pero no para empresas que desean expandirse”.